Los efectos del concurso en una microempresa no son los que mucha gente imagina: el concurso no obliga a cerrar ni deja automáticamente al administrador sin el control. Explicamos qué cambia para el negocio, los contratos, los trabajadores y el administrador cuando una microempresa de Fuenlabrada o de Madrid Sur entra en el procedimiento especial previsto para ella.
Qué es una microempresa a efectos concursales
Desde la Ley 16/2022, el Libro III del Texto Refundido de la Ley Concursal regula un procedimiento especial para microempresas. Se aplica a las personas físicas y jurídicas con actividad empresarial o profesional que, en el año anterior, tuvieron una media inferior a diez trabajadores y, además, un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Es un procedimiento más ágil, que se tramita mediante formularios oficiales y en el que el deudor puede elegir entre la continuación o la liquidación. Lo explicamos en nuestra página sobre el procedimiento especial de microempresas.
Cuándo existe realmente insolvencia
Una empresa está en insolvencia actual cuando no puede cumplir con regularidad sus obligaciones exigibles. Las señales habituales son impuestos aplazados una y otra vez, nóminas que se retrasan, proveedores pagados con nueva financiación, líneas de crédito agotadas o embargos. Desde que el administrador conoce la insolvencia, dispone de dos meses para solicitar el concurso (artículo 5 del Texto Refundido de la Ley Concursal).
El concurso no significa cerrar la empresa
Una microempresa con deudas puede tener clientes, contratos rentables, maquinaria útil y trabajadores cualificados. La pregunta decisiva no es si hay deudas, sino si la actividad genera tesorería suficiente para atender los gastos corrientes y si la deuda acumulada puede ordenarse de forma compatible con esa viabilidad.
Si la respuesta es sí, el procedimiento permite tramitar un plan de continuación con los acreedores. Si es no, permite una liquidación ordenada, que puede incluir la venta del negocio en funcionamiento.
Efectos sobre la actividad y el administrador
En el procedimiento de microempresas, el deudor conserva en principio sus facultades de administración y disposición. Puede seguir operando, siempre que los actos estén vinculados a la continuidad de la actividad y se hagan en condiciones normales de mercado. Esas facultades pueden limitarse más adelante si concurren los presupuestos legales.
A partir de ese momento hay que extremar el control de la tesorería y la contabilidad. Deben evitarse retiradas de fondos sin justificar, ventas de activos por debajo de su valor, pagos preferentes a determinados acreedores y operaciones opacas con socios.
Efectos sobre reclamaciones y embargos
El procedimiento sustituye las reclamaciones individuales de cada acreedor por un tratamiento colectivo. Como regla general, se paralizan las ejecuciones sobre los bienes de la empresa. El crédito público tiene especialidades: determinados apremios de Hacienda o de la Seguridad Social pueden continuar o recibir un tratamiento distinto, por lo que deben analizarse por separado.
Efectos sobre contratos y proveedores
La apertura del procedimiento no extingue los contratos en curso, y las cláusulas que permiten resolver un contrato solo porque la empresa entra en concurso pueden ser ineficaces. Eso no obliga al proveedor a seguir suministrando indefinidamente sin cobrar. Hay que revisar uno a uno el alquiler de la nave, el renting, el leasing, las licencias, los suministros y los contratos con clientes.
Efectos sobre los trabajadores
Los contratos de trabajo no se extinguen por la apertura del procedimiento. Si la actividad continúa, la empresa debe seguir pagando nóminas y cotizaciones. Los créditos de los trabajadores tienen reglas de protección y clasificación preferente, y no pueden tratarse como deuda ordinaria.
¿Responde el administrador de las deudas?
La insolvencia de una sociedad limitada no convierte automáticamente al administrador en responsable de todas las deudas sociales. Los riesgos aparecen en supuestos concretos:
- No promover la disolución cuando hay pérdidas graves: responde de las deudas posteriores (artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital).
- Generar o agravar la insolvencia con dolo o culpa grave: el concurso puede calificarse como culpable (artículos 442 y 443 del Texto Refundido de la Ley Concursal).
- Retrasar la solicitud, llevar una contabilidad irregular u ocultar bienes: se presume la culpabilidad y puede acabar en condena a cubrir el déficit (artículo 456).
Además, hay que revisar si el administrador o los socios firmaron avales personales en préstamos, pólizas o contratos de alquiler. Esas deudas se reclaman a la persona física, que puede necesitar su propia solución a través de la Ley de Segunda Oportunidad.
Señales de que tu microempresa necesita un diagnóstico
- No hay tesorería para las próximas nóminas.
- Se usan los impuestos cobrados para pagar otros gastos.
- Se encadenan aplazamientos y el banco rechaza nueva financiación.
- Hay varios embargos o los proveedores exigen pago al contado.
- El administrador aporta dinero propio cada mes.
- No existe una previsión fiable de tesorería para las próximas trece semanas.
Si identificas varias, conviene actuar antes de que se pierda el margen de decisión. En nuestra guía sobre insolvencia en pymes explicamos cómo detectar el problema a tiempo, y en la de planes de reestructuración, las alternativas previas al concurso.
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